•Mediante un Punto de Acuerdo Soraya Pérez exhorta que se suspenda de manera inmediata toda aplicación de disposiciones legal y reglamentaria que limite el libre tránsito de transporte de mercancías
Con argumentos sacados de la manga se impone a los transportistas el pago de cuotas violatorias a la Constitución para dejarlos transitar, cargar y descargar mercancías y productos de todo tipo, señaló la Coordinadora Parlamentaria del PRI Soraya Pérez Munguía al emitir proposición con Punto de Acuerdo para que se suspenda esta acción en la entidad.
(…) se exhorta al Gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino Campos; al Secretario de Finanzas, Said Arminio Mena Oropeza; al Secretario de Movilidad, Narciso Tomas Oropeza Andrade; a las y los ciudadanos Presidentes Municipales de los municipios del estado para que se suspenda de manera inmediata toda aplicación de disposiciones legal y reglamentaria que limite el libre tránsito de transporte de mercancías en el territorio estatal» menciona en el documento.
La Diputada local dijo que se está hablando de cuotas por carga y descarga que van de los 12 mil hasta $650 mil por unidad, y que sin duda estas cifras están fuera rango, porque se está hablando de transportistas que tienen permisos federales, y que además les están cobrando ilegalmente permisos estatales y también municipales.
» Y yo me preguto ¿Qué negocio va a prosperar así después del duro golpe de una pandemia con este tipo de cuotas?», cuestionó durante su intervención en tribuna.
Expuso que a tal situación hay que añadir una “aberración legislativa” que le ha dado el estatus de “oficial” a este tipo de delito, como los es la propia ley de movilidad del estado y a leyes de ingresos de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Jonuta, Macuspana, Paraíso y Teapa.
Ahí – indicó- se incluyeron conceptos como: Carga y descarga en vía pública; permiso de circulación en la Dirección de Tránsito; o permiso para realizar carga y descarga en vía pública con vehículos de más de una tonelada; entre otros.
«En términos coloquiales, estamos hablando de una ‘extorsión institucional’ que va en contra de la Constitución, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial recientemente aprobada, y también va en contra del acuerdo que el presidente de México firmó recientemente con el sector empresarial para mantener controlada la inflación en el país» subrayó la legisladora.
Todo lo anterior -precisó- es un caldo de cultivo para la corrupción pues, mediante el abuso de autoridad, se hace un manejo opaco y discrecional del dinero en efectivo que se obtiene por esta vía.
Pérez Munguía sostuvo que todo esto ha sido denunciado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Asociación Nacional de Transporte Privado y muchas más cámaras empresariales.
